Proveedores petroleros expresaron su preocupación ante los beneficios arancelarios previstos en el RIGI

El Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAAP) señaló su preocupación por la desprotección del entramado productivo local derivada de algunos artículos del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

El reclamo giran en torno a las asimetrías industriales estructurales existentes, y la falta de consideraciones de impulso al desarrollo de proveedores e industria nacional en el articulado. También alertaron sobre las consecuencias que puede generar en el desarrollo industrial de las provincias.

En medio del tratamiento parlamentario de la denominada “Ley de Bases” en la Cámara de Diputados, el proyecto tiene como beneficiarios del régimen a otros sectores a la actividad petrolera, minera y energía entre otras.

El mismo contempla la desgravación arancelaria para bienes y equipos que compiten directamente con la producción nacional.

"El RIGI implica en si un mecanismo de competencia desleal en el caso en que la importación de plantas o elemento paquetizados cuentan con desgravación arancelaria para el conjunto, mientras que una empresa local que deba importar algún insumo que no se fabrique localmente deberá pagar los derechos de importación, incurriendo en una penalización de hecho a la industria y el valor agregado nacional", advirtió el GAAP, que representa a más de 190 empresas pequeñas y medianas.

En este sentido, los proveedores petroleros locales ya alertaron a los distintos bloques legislativos sobre el potencial impacto que tiene esta medida sobre la industria de la cadena de valor de petróleo, minería y energía; un sector que implica más de 37 mil puestos de trabajo directos, más de U$S 230 millones en exportaciones y U$S 310 millones en inversiones durante el 2023.

Desde el sector Pymes proponen que la Ley Bases haga extensible los beneficios del RIGI a las empresas que conforman la cadena de valor estratégica de los vehículos de proyecto único (VPU) con el fin de dotarlas de competitividad, permitiendo el desarrollo de las empresas que la integran, y que se evite así la integración de servicios.

De hecho, la Cámara Patagónica de Empresas de Servicios Petroleros (CAPESPE) advirtió que “si bien el RIGI busca impulsar grandes inversiones nacionales y extranjeras en sectores estratégicos, como el energético, su diseño actual no contempla medidas específicas para apoyar a las empresas regionales, las cuales conforman la cadena de valor asociada a estos proyectos”.

“CAPESPE considera que esta exclusión generará un impacto negativo en las empresas regionales, afectando su competitividad y limitando su participación en el desarrollo económico de la región”, agregaron.

Desde la cámara propusieron una serie de medidas para que las empresas regionales sean parte del RIGI: considerar a las empresas regionales como parte integral de la cadena de valor del sector energético; establecer criterios específicos para que las empresas regionales puedan acceder a los beneficios del RIGI; brindar apoyo técnico y financiero a las empresas regionales para que puedan cumplir con los requisitos del RIGI; y promover la subcontratación de servicios locales por parte de las grandes empresas que inviertan en el sector energético.